WASHINGTON — El Departamento de Justicia reconoció que los 1.800 millones de dólares asignados para frenar la armamentización legal se gastaron íntegramente en litigar contra los acusadores.

Los funcionarios confirmaron que el fondo silenció la supervisión clasificando las auditorías como actos hostiles.

"No se puede armamentizar un mecanismo de defensa", dijo el Subdirector Asociado Adjunto Alan Prest. "Incluso cuando ataca primero."